Un fallo histórico pone en jaque a los ayuntamientos y al Gobierno italiano: sin homologación oficial, las sanciones quedan automáticamente canceladas.
El Tribunal de Casación italiano ha dictado una sentencia que puede tener efectos sísmicos en el sistema de control del tráfico por radar: todas las multas impuestas por dispositivos de velocidad no homologados son nulas de pleno derecho, incluso si estos habían sido "aprobados" administrativamente o calibrados de forma regular. La decisión afecta también a la retirada de puntos del carné de conducir.
Aprobados, pero no homologados. Y es culpa del Gobierno
La clave jurídica reside en la diferencia entre "aprobación" y "homologación". Mientras que la aprobación es un trámite administrativo que certifica que el dispositivo cumple con los requisitos técnicos generales, la homologación exige pruebas prácticas de campo del prototipo para verificar su fiabilidad real en condiciones de uso.
Según el Supremo, sin esta homologación (exigida por el reglamento europeo 129/2015 y por la sentencia del Tribunal Constitucional italiano nº 113/2015, como recogen medios italianos), los radares quedan abiertos a dudas razonables sobre su precisión. Y si hay duda, no puede haber sanción.
El caso: 13 multas y 1.600 euros. El fallo parte del recurso presentado por un automovilista que había recibido 13 multas por un total de 1.600 euros y sufrió la consiguiente retirada de puntos. El radar que las impuso no contaba con la debida homologación. La justicia le ha dado la razón, anulando todas las sanciones.
Ni siquiera la reciente circular del Ministerio del Interior italiano (nº 995/2025), que intentaba equiparar aprobación y homologación, ha convencido a los jueces. El Supremo ha sido tajante: solo la homologación reglamentaria garantiza la validez de las sanciones.
El 60% de los radares fijos, en entredicho. La sentencia abre la puerta a un alud de recursos. Según datos de la plataforma Open VeloX recogidos por el citado medio, el 59,49% de los radares fijos instalados en Italia no están homologados, lo que podría suponer la cancelación masiva de multas y la devolución de millones de euros.
Además del perjuicio para los conductores, la medida golpea directamente a las arcas municipales, que podrían verse obligadas a retirar o verificar cientos de dispositivos. El Ministerio del Interior y la Abogacía del Estado trabajan contrarreloj para unificar criterios de defensa ante la avalancha de reclamaciones.
Llamamiento a un decreto urgente. Ante el caos jurídico y técnico, el Tribunal de Casación ha reclamado un decreto ministerial urgente que aclare definitivamente el marco normativo y restablezca la seguridad jurídica. Sin esa medida, las sanciones por exceso de velocidad seguirán en entredicho, y los radares, bajo sospecha.
Imágenes | Motorpasión