John Fernández
Los radares ilegales en Italia ya no solo anulan multas: ahora pueden obligar a los ayuntamientos a indemnizar a los conductores. Y eso es un pastizal.
Eso es lo que acaba de sentenciar el Tribunal de Cosenza, y el golpe puede ser enorme. Si un municipio instaló un cinemómetro sin la homologación correcta, mal señalizado o colocado donde no tocaba, ahora no solo debe devolver el dinero: también puede tener que pagar daños e intereses. Spoiler: la mayoría son así.
Radares ilegales en Italia: un juez obliga a un ayuntamiento a indemnizar a los conductores
La orden judicial llega después de años de peleas, recursos y un caos regulatorio que en Italia ya era casi tradición. Radares colocados sin autorización ministerial, equipos anticuados que seguían funcionando como si nada, ubicaciones sin relación con la seguridad vial… y miles de sanciones que, una vez revisadas, resultaban muy discutibles.
La ley italiana es clara: un radar solo es válido si está homologado según las especificaciones técnicas, si su instalación responde a criterios de seguridad y si está bien señalizado. Cuando uno solo de esos puntos falla, la multa cae. Lo que no se esperaba nadie es que la administración pudiera llegar a pagar daños al conductor.
El tribunal de Cosenza abre la puerta exactamente a eso. Según la resolución, usar un dispositivo no autorizado no es solo una irregularidad administrativa: es una responsabilidad directa del ayuntamiento. La indemnización incluye la sanción abonada, las costas judiciales y los intereses acumulados. Y eso, extrapolado a decenas de municipios con investigaciones abiertas, es dinamita.
Para los motoristas y automovilistas italianos, la consecuencia práctica es simple: antes de pagar una multa por radar, conviene revisar si el dispositivo cumple toda la normativa. Dado el caos allí existen ya listas públicas de radares autorizados y cualquier duda puede justificar un recurso ante la Prefectura o el Juez de Paz. El plazo es de 60 días desde la notificación; así que no hay margen para dormirse.
Las implicaciones pueden ser enormes... Por un lado, obligarán a muchos ayuntamientos a revisar sus cinemómetros, su documentación y su instalación. Por otro, pueden desencadenar un aluvión de demandas que dañen las cuentas públicas. Para los que van en moto todos los días, acostumbrados a convivir con radares en cada carretera, esto no va de “cazar” a nadie: va de exigir que quien controla cumpla las mismas normas que exige a los demás. Porque si el radar no está en regla, no hay multa… y ahora puede haber indemnización.
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