A partir del 2 de enero de 2026 los patinetes eléctricos dejarán de poder circular sin identificar, sin registrar y sin asegurar.
España pondrá fin así a años de vacío administrativo en los que estos VMP se movían como auténticos vehículos sin papeles. Desde esa fecha, hacerlo al margen de los nuevos requisitos será directamente ilegal y conllevará sanciones económicas.
Qué cambia con la nueva regulación
José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía, resume la filosofía de la norma: "Garantiza sobre todo la seguridad de los viandantes". También recuerda que "si no se ha procedido a la inscripción será imposible asegurarlo, con lo cual la circulación sería ilegal". Es decir, el registro es el paso previo para poder contratar cualquier póliza.
La DGT incorporará de forma plena a los patinetes eléctricos dentro de la categoría de vehículos personales ligeros. Cada unidad deberá figurar en el registro con un número identificativo visible, equivalente a una matrícula, y disponer de su certificado de circulación que acredite que cumple los requisitos técnicos establecidos.
El seguro de responsabilidad civil pasará a ser obligatorio. Los usuarios deberán contratar pólizas que cubran daños personales y materiales con los mínimos fijados por la ley. Cutiño incide en que, "sin ese seguro, el patinete no podrá circular y quedará expuesto a sanciones".
Qué ocurre si no se cumplen los requisitos. Circular sin registrar el patinete, sin la identificación visible o sin seguro supondrá sanciones y la prohibición de uso en vías públicas. Si además se produce un accidente, el propietario del vehículo asumirá personalmente todas las indemnizaciones, al no existir una cobertura válida.
Los trámites obligatorios son tres: inscripción en el registro de la DGT, obtención del número identificativo y contratación del seguro. Quienes ya dispongan de una póliza deberán comprobar que cumple los nuevos mínimos, porque de lo contrario dejará de ser válida.
Por qué llega ahora esta normativa, y no antes. El uso masivo de patinetes en las ciudades y el incremento de incidentes con peatones han empujado a establecer un marco legal más estricto. El objetivo es reducir accidentes, acabar con la impunidad en caso de daños y asegurar que existan indemnizaciones adecuadas cuando se produzcan siniestros.
Además, España adapta así su normativa a la Directiva (UE) 2021/2118, que amplía la obligación de disponer de un seguro de responsabilidad civil para este tipo de vehículos.
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