John Fernández
Los grupos de WhatsApp y Telegram en los que se informan sobre controles policiales ya tienen los días contados, y las multas ya están llegando a los infractores. De hecho, las primeras, ya han sido tramitadas por la Subdelegación del Gobierno de Burgos.
Por si fuera poco, la Guardia Civil asegura que ya tiene identificados a los cabecillas de estos grupos. Pero para que dé lugar a una multa, hay que pillar a las personas 'in fraganti'.
600 euros de multa por informar en estos grupos
Estas Navidades la escena es tan habitual como dantesca: unas copas de más, y hay quienes todavía se atreven a coger el coche o la moto para volver a casa. Antes, miran algún grupo de WhatsApp o Telegram para ver si hay algún control... Y lejos de moralismos, ayudar a alguien a evitarlo, sigue poniendo a un borracho en la carretera.
En consecuencia, las primeras multas ya están llegando. Ha sido la Subdelegación de Burgos la que ya ha tramitado las primeras multas y los infractores han pagado 600 euros, según el Diario de Burgos.
El mayor problema radica en detectar a los que alertan de los controles a través de las redes sociales. Cada grupo puede tener hasta más de mil personas, pero siempre hay cabecillas que la Benemérita ya tiene "identificados", aseguran.
Sin embargo, para poder sancionar, los agentes tienen que pillar a los infractores in fraganti. Se basan en el artículo 36.04 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que define estas actividades como "obstrucción" y conlleva multas de hasta 30.000 euros, dependiendo de la gravedad. Por el momento, las multas tramitadas son del mínimo de 600 euros.
Estos grupos han obligado, literalmente, a la Benemérita a cambiar su estrategia de vigilancia, menciona un cargo público gallego a La Voz de Galicia: "Es muy grave porque estás aumentando la sensación de impunidad ante el alcohol, las drogas, el exceso de velocidad o el uso de cinturón". Incluso habla de que los fallecidos que dan positivo en alcohol y drogas "no se reflejan en los controles porque los eluden".
Mientras, la DGT quiere poner coto a esto, jurídicamente. El PSOE ya ha registrado una proposición no de Ley para pedir que se castigue a los avisos por estos grupos.
Piden que se cambie la Ley de Tráfico para sancionar a "quienes proporcionen información que dificulte o impida la labor de control de los incumplimientos de las normas". Pasará a ser debatido en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, y tiene todos los mimbres para salir adelante. Y eso significará el fin de estos grupos, o al menos, la persecución legal.
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