John Fernández
Italia no gana para titulares surrealistas. Después de que el Tribunal de Casación abriera un vacío legal que amenaza con dejar inoperativos más de 10.000 cinemómetros en todo el país, ahora se suma un episodio digno de comedia burocrática: la propia policía requisando radares instalados por los ayuntamientos… Por ser ilegales.
El caso más reciente ha estallado en Campagnatico, en la Maremma toscana, donde la Patrulla de Carreteras se presentó en el consistorio para incautar un dispositivo que llevaba meses multando a conductores, tal y como explica Insella.
Hasta el 60% de los radares en Italia podrían ser ilegales
El radar en cuestión no estaba homologado, y para colmo, había sido colocado en un tramo que no cumplía las distancias mínimas exigidas por el decreto Salvini.
Tres irregularidades bastaron para desencadenar la redada: se había instalado a menos de un kilómetro de un cambio de límite de velocidad, la señal de aviso estaba mal colocada y el coche de la policía municipal ocupaba la plaza de estacionamiento destinada al dispositivo.
El resultado es tan paradójico como simbólico. La policía de tráfico, encargada de garantizar el uso correcto de los equipos, acabó requisando el material de sus propios compañeros municipales y revisando la documentación oficial en el despacho del alcalde.
De hecho, la Fiscalía de Grosseto ya ha abierto una investigación, mientras la Prefectura insiste en que solo pueden usarse dispositivos “debidamente aprobados”.
El problema, sin embargo, va mucho más allá de Campagnatico. Como ya adelantó Codacons, la asociación de consumidores, Italia entera está a las puertas de un apagón de radares: casi el 60% de los fijos y más de dos tercios de los móviles no cumplen con los requisitos. El plazo para regularizar la situación vence el 18 de octubre, y el Ministerio de Infraestructura ni siquiera ha terminado el formulario digital obligatorio que permitiría a los municipios registrar sus equipos.
Así, mientras los conductores esperan la posible anulación masiva de multas y los ayuntamientos se resignan a perder una fuente de ingresos millonaria, el país vive una paradoja sin precedentes: los mismos agentes encargados de vigilar la velocidad acaban requisando radares ilegales que ellos mismos habían estado utilizando.
Imágenes | Parifex Nano, Policía Local
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