John Fernández
Hay multas que duelen. Y otras que, sencillamente, se pagan sin pestañear. Porque no es lo mismo recibir una sanción de 1.000 euros cobrando poco más del salario mínimo que hacerlo cuando ingresas seis cifras al año. Para unos puede suponer renunciar a buena parte del presupuesto del mes, pero para otros, poco más que una molestia administrativa.
Y precisamente ahí es donde vuelve a aparecer una idea que lleva años generando debate: que las multas de tráfico dejen de ser iguales para todos y pasen a depender de lo que gana cada conductor.
Que pague más quien más tiene
La propuesta llegó al Congreso hace más de un año impulsada por Sumar y plantea introducir en España un sistema de sanciones progresivas similar al que ya existe en algunos países del norte de Europa.
El planteamiento es sencillo de entender: una infracción seguiría siendo la misma, pero la cuantía económica cambiaría en función de la renta del infractor.
Por ejemplo, quienes ingresaran menos de 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional podrían beneficiarse de una reducción del 30% sobre la sanción. En el extremo contrario, los conductores con ingresos superiores a 100.000 euros anuales podrían ver incrementada la multa hasta un 500%.
Traducido a la práctica, una sanción de 1.000 euros podría quedarse en 700 euros para los tramos más bajos... o dispararse hasta los 6.000 euros para los más altos.
La idea no es nueva: Finlandia es el ejemplo que siempre aparece sobre la mesa. Allí las sanciones tienen en cuenta los ingresos del infractor, y algunos casos han dado la vuelta al mundo, como el del empresario que recibió una multa de más de 120.000 euros por un exceso de velocidad.
La filosofía detrás de este modelo es clara: que el castigo tenga el mismo efecto disuasorio independientemente del nivel económico de quien lo recibe.
¿El gran problema? Que España no es Finlandia. Lo curioso es que la propia DGT no rechaza la medida; de hecho, Pere Navarro ha reconocido recientemente que "la idea está bien". El problema aparece cuando toca convertir esa teoría en algo que pueda aplicarse en la práctica.
Y ahí es donde empiezan los dolores de cabeza, ya que para calcular una multa en función de la renta sería necesario que Tráfico tuviera acceso a información fiscal gestionada por la Agencia Tributaria. Es decir, cruzar de manera masiva los datos de la DGT y Hacienda.
Algo que, además de requerir nuevas habilitaciones legales, abre interrogantes sobre el secreto tributario y la protección de datos de los contribuyentes. "En estos momentos la complejidad para meterse en un tema de estos es inmensa", admitió el propio director de Tráfico durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso.
El actual sistema sancionador español se basa en un criterio objetivo: importa la gravedad de la infracción, no quién la comete. No es igual superar el límite de velocidad en 20 km/h que hacerlo en 80 km/h, así como tampoco se sanciona igual una infracción leve que una muy grave. Todo está tasado previamente.
Introducir la progresividad supondría mantener esa clasificación... y añadir una segunda variable basada en la situación económica del conductor. Es decir, habría que reformar de arriba abajo buena parte del procedimiento sancionador actual.
Y, aunque el Código Penal ya utiliza fórmulas parecidas a través del sistema de días-multa, trasladar ese mecanismo al ámbito administrativo del tráfico implicaría una reforma jurídica y técnica de enorme calado. Por eso, más de un año después de que la propuesta llegara al Congreso, el informe sobre su viabilidad sigue sin aparecer.
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