John Fernández
La noticia parece un chiste burocrático, pero no lo es. Italia, el país de las curvas imposibles, los pasos de montaña y las autopistas de peaje interminables, va a quedarse sin la mayoría de radares de velocidad.
Más de 10.000 dispositivos (entre fijos y móviles) corren el riesgo de ser desactivados a partir del 18 de octubre por un vacío legal que lleva más de un año enquistado a causa de una denuncia.
Casi el 60% de los radares fijos y más del 67% de los móviles no están en regla
Todo arranca en abril de 2024, cuando el Tribunal de Casación dictaminó que las multas emitidas por radares homologados pero no aprobados formalmente no tenían validez. Ese matiz técnico abrió un agujero legal que afecta a la práctica totalidad de los cinemómetros del país. La sentencia obligaba a municipios, provincias y regiones a comunicar al Ministerio de Infraestructura y Transporte cada detalle de los radares bajo su responsabilidad: ubicación exacta, datos técnicos, modelo y conformidad.
En la teoría, parecía un trámite de control y transparencia. En la práctica, se ha convertido en un laberinto imposible. Para rematar, el Ministerio todavía no ha creado el formulario digital obligatorio que permitiría a las administraciones registrar los datos. Sin ese paso, no hay radar que pueda operar legalmente, por muy homologado que esté.
Codacons, la asociación de consumidores italiana equivalente a la OCU, ha sido tajante: "A partir del 18 de octubre todos los radares instalados en las carreteras italianas podrían desactivarse". La razón es que el Decreto de Infraestructura (Ley nº 105/2025) fijó plazos claros: el Ministerio tenía hasta el 19 de agosto para aprobar el decreto de aplicación. A partir de ahí, las autoridades locales dispondrían de 60 días para reportar la información. El reloj corre y nadie cree que el papeleo llegue a tiempo.
El escenario es tan rocambolesco que hasta los propios responsables locales reconocen que no tienen manera de cumplir con la ley. Italia se enfrenta así a una paradoja inédita: por querer garantizar la transparencia en el control de velocidad, podría terminar sin control alguno.
Las cifras marean. Según Codacons, casi el 60% de los radares fijos y más del 67% de los móviles no están en regla. Eso significa que, si nada cambia, el país quedará prácticamente a ciegas en materia de control automático de velocidad. Un vacío que, además, provocará una avalancha de recursos contra las multas ya emitidas en los últimos meses, con conductores reclamando devoluciones y tribunales saturados.
Para los motoristas, el asunto tiene doble lectura. Por un lado, la desaparición de los radares podría suponer un respiro para quienes viajen a Italia en otoño: menos posibilidades de recibir una multa sorpresa en el buzón al volver a casa. Por otro, la falta de control podría disparar los excesos de velocidad en carreteras donde el riesgo ya es elevado, especialmente en esas rectas infinitas del norte o en los tramos de montaña que tantos moteros frecuentan.
Un país donde el exceso de velocidad está detrás de miles de accidentes cada año podría quedarse sin una de sus principales armas de control. Una bomba de relojería legal que, salvo giro inesperado, estallará el 18 de octubre.
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