El mercado de la moto en España está en una paradoja. Cada vez más gente quiere una, como contábamos ayer, pero casi todos miran al asfalto con recelo.
Sí, vale que el 43% de los españoles asegura que planea comprarse una moto en los próximos 12 meses, pero lo que realmente frena no es el dinero, sino la sensación de inseguridad en la carretera. ¿Quién debe tomar nota de esto? Las administraciones quizá deberían tomar nota. Y los conductores.
El asfalto suspende y los motoristas piden seguridad antes que subvenciones
Lo dicen los propios motoristas, según el estudio de ANESDOR: casi la mitad considera que la maniobra más peligrosa es aproximarse a un cruce, y no por casualidad. Los adelantamientos (31%) y las curvas (23%) completan un ranking en el que el tráfico ajeno pesa más que la propia pericia. De hecho, un 49% señala a los otros vehículos como el gran riesgo.
El estado de las carreteras tampoco ayuda (y aquí es donde alguien debe tomar buena nota). Apenas un 15% aprueba el asfalto español, y nueve de cada diez denuncian que los guardarraíles siguen siendo una amenaza mortal. A eso se suma un 80% que ve la ciudad llena de obstáculos innecesarios.
La paradoja es que los motoristas no se encogen de hombros: el 71% estaría dispuesto a hacer cursos de conducción tras sacar el carnet para pulir técnica, aunque solo una cuarta parte sabe dónde apuntarse. También valoran la tecnología: los sistemas de asistencia ARAS se han convertido en un factor de compra clave para tres de cada cuatro usuarios, aunque su conocimiento ha bajado respecto a 2024.
El airbag para motoristas es otro ejemplo. Ocho de cada diez saben que existe, pero dos tercios admiten que el precio les echa para atrás: pagar 235 euros de media por seguridad extra sigue pareciendo demasiado.
Y, sin embargo, la moto mantiene su cara más lúdica. El mototurismo engancha a dos de cada tres usuarios, que viajan sobre todo por España y gastan unos 170 euros diarios en la experiencia. También un 41% ha estado en algún evento motero en el último año, demostrando que la comunidad sigue muy viva.
El parque, en cambio, envejece: la antigüedad media ronda los nueve años, y siete de cada diez motoristas ya piensan en vender su moto actual.
Lo que no acompaña son las políticas públicas. Apenas un 23% sabe de la existencia de ayudas a la compra de motos eléctricas, y solo un 6% las ha solicitado. La mayoría ni se lo plantea: seis de cada diez no tienen interés en un modelo eléctrico, con o sin subvención. En cambio, más de la mitad reconoce que un incentivo para estrenar moto nueva o de menos de cinco años sí sería decisivo, y un 35% pide una ayuda eficaz para achatarrar la vieja.
El deseo está ahí. El problema es que, mientras el asfalto siga siendo un campo de minas y los guardarraíles un cuchillo en la cuneta, comprar una moto seguirá siendo para muchos españoles más un salto de fe que una decisión racional.
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