John Fernández
Barcelona quiere sacar de la ciudad casi todas las motos de 49 cc en cuatro años. ¿Cómo lo va a hacer? Tiene un plan. Lo va a intentar con dinero encima de la mesa.
A partir del 1 de marzo, el Ayuntamiento ofrecerá 600 euros a cualquier vecino o empresa que abandone su ciclomotor de gasolina y lo sustituya por uno eléctrico. Es la pieza central de un plan que moviliza 15 millones de euros, incluye ayudas a la infraestructura y que aspira a un parque de ciclomotores cero emisiones en 2030.
La retirada silenciosa de las 49 cc: menos ruido y menos emisiones
La idea tiene dos capas, digamos: por un lado, acelerar la renovación de una flota envejecida y ruidosa (muchos de estos ciclomotores llevan dos décadas circulando); por otro, demostrar que la tradición motera de Barcelona puede convivir con el giro eléctrico. Jaume Collboni lo resumió con un "no dejar a nadie atrás", dirigido sobre todo a jóvenes y personas con menos recursos, que son quienes más usan este tipo de motos y quienes menos margen tienen para cambiarlas.
A los 600 euros por moto se suman ayudas para crear puntos de recarga e incluso centros de intercambio de baterías. Hasta 45.000 euros por instalación, cubriendo el 60% del coste. El Ayuntamiento quiere que el ecosistema eléctrico sea tangible: que quien se plantee pasarse a un ciclomotor ‘cero’ no vea solo el precio de compra, sino también la comodidad y disponibilidad de la recarga. Es la otra mitad de esta "medida 360".
La foto actual del parque ayuda a entender la urgencia. Barcelona tiene unos 32.000 ciclomotores. Ocho mil ya son eléctricos. Los otros 24.000 son de combustión, aunque solo hay constancia de que 18.000 sigan en circulación real. El consistorio calcula que las ayudas podrían mover a unos 20.000 propietarios. Si funciona, casi todas las 49 cc de gasolina habrán desaparecido de aquí a cuatro años, con un ahorro estimado de 3.000 toneladas de CO2, equivalente al uso anual de 1.000 coches.
La idea de fondo es evidente: el ciclomotor eléctrico va a dejar de ser una rareza en Barcelona. Y eso puede desencadenar dos efectos que van más allá de los 600 euros. El primero, que las marcas ajusten catálogos y precios: si de golpe tienes miles de potenciales clientes con descuento público, la competencia se recalienta. El segundo, que empiece a moverse la conversación incómoda de siempre: el ruido. Muchos de estos ciclomotores envejecidos son los que marcan la banda sonora de la ciudad, y su retirada silenciosa cambiará más de lo que parece.
La cuestión será ver si la ayuda es suficiente. Hoy puedes encontrar ciclomotores eléctricos por 1.500–2.000 euros, pero también modelos que se disparan más allá de los 3.000. Para un chaval que usa la moto para ir a clase o para un trabajador que hace trayectos diarios cortos, 600 euros ayudan, pero no resuelven el salto. De ahí que la estrategia de infraestructura sea clave: si recargar es barato y sencillo, el cálculo cambia.
Barcelona, en el fondo, está probando algo que muchas ciudades europeas van a tener que afrontar tarde o temprano: cómo retirar miles de motos pequeñas sin romper la movilidad barata que sostienen. Y los ciclomotores eléctricos, con sus autonomías modestas y sus costes aún irregulares, necesitan un empujón. El Ayuntamiento ha decidido darlo. Lo que no está tan claro es si bastará con 600 euros o si será el mercado, forzado por este movimiento, quien haga el resto.
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