John Fernández
Durante años, las bicis y patinetes eléctricos se han vendido como la solución limpia y silenciosa a la movilidad urbana. Pero en Australia Occidental ese relato acaba de romperse de golpe.
La policía ha empezado a confiscar y destruir directamente algunos de estos vehículos eléctricos, enviándolos al triturador sin contemplaciones.
Cuando una e-bike deja de ser una bici y empieza a ser un problema de seguridad vial
El detonante no ha sido la electrificación en sí, sino lo que estaba ocurriendo en la calle. En un suburbio de Perth, las quejas vecinales se habían multiplicado por el uso de motos y patinetes eléctricos de alta potencia en vías públicas. No hablamos de e-bikes convencionales, sino de máquinas que, en muchos casos, no cumplen ni de lejos con la definición legal de bicicleta eléctrica: motores demasiado potentes, ausencia de pedales y prestaciones propias de una motocicleta ligera.
El problema va más allá de una infracción administrativa. Según la policía, muchos de estos vehículos estaban siendo utilizados por menores de edad, algunos de apenas 11 o 12 años, circulando sin casco, sin seguro, sin matrícula y sin ningún tipo de formación. En uno de los casos documentados, una moto eléctrica era capaz de alcanzar 80 km/h. Y eso, en manos de un niño y en plena vía pública, deja de ser movilidad alternativa para convertirse en un riesgo evidente.
A partir de ahí, la escalada era inevitable. Las autoridades hablan de conducción temeraria, wheelies en carretera abierta, saltarse semáforos, lanzar objetos a peatones y coches y grabarlo todo para subirlo a redes sociales. No hubo heridos, pero la propia policía reconoce que fue más cuestión de suerte que de control.
Por eso han optado por una medida extrema: los vehículos ilegales no solo se incautan, sino que se destruyen. El mensaje es claro y deliberadamente contundente. Igual que ocurre en Australia con coches y motos usados para conducción peligrosa, estos 'riders' fuera de la ley no vuelven a la calle.
Además, la decisión llega justo cuando se prepara una normativa que prohibirá a los menores de 16 años usar o incluso almacenar este tipo de vehículos eléctricos en centros escolares. Muchas familias, dicen las autoridades, no son plenamente conscientes de lo que están comprando ni del uso real que hacen sus hijos.
Al final, lo que muestra este caso no es un rechazo a la movilidad eléctrica, sino el punto en el que se rompe el equilibrio. Y eso también pasa aquí en España. Cuando máquinas potentes, vacíos legales y exhibicionismo en redes sociales coinciden, la percepción pública cambia rápido. Y cuando eso ocurre, la respuesta ya no es pedagógica ni gradual: es directamente el triturador.
Imágenes | Policía Australia
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