No es una prohibición nacional ni de uso: Japón no veta las motos de gasolina, es una medida local de Tokio que corta solo la venta de modelos nuevos
Conviene aclarar el marco desde el principio. Esto no es Japón prohibiendo las motos de gasolina. Es Tokio. Una administración regional con competencias propias en movilidad, medio ambiente y fiscalidad que está utilizando ese margen para empujar una electrificación total, incluyendo a las motos. Algo que ni la Unión Europea ni el propio Gobierno japonés han hecho.
Mientras Europa revisó en 2025 su veto total a los motores de combustión ante la baja adopción del vehículo eléctrico, Tokio ha confirmado que no revisará sus objetivos por el momento. El calendario sigue intacto: prohibir la venta en 2030 para turismos de gasolina pura y 2035 para motos.
Una prohibición sin números: el punto más incómodo
La diferencia es clave. Japón, como país, apuesta por un enfoque tecnológico mixto y ha dejado fuera a las motos de sus prohibiciones. Es que es normal; es el país donde la mayoría de nuestras motos nacen. Tokio, en cambio, las mete en el mismo paquete que coches, camiones y autobuses.
El aspecto más delicado del plan no es solo su dureza, sino su base técnica. El propio Gobierno Metropolitano de Tokio admite que no dispone de datos claros sobre el impacto real de las motos en las emisiones de CO2 de la ciudad. Tampoco ha cuantificado cuánto se reducirían esas emisiones si todas las motos pasaran a ser eléctricas.
Sí hay un dato global: el transporte supone alrededor del 20% del CO2. Pero dentro de ese porcentaje, las motos son una minoría frente al coche. Aun así, Tokio ha decidido prohibir su venta en versión gasolina sin poder justificar con cifras el beneficio ambiental concreto.
Eso contrasta con la realidad del mercado. Las motos eléctricas siguen siendo más caras, más pesadas y con menor autonomía. La oferta es mínima y se concentra casi por completo en scooters. Las estaciones de intercambio de baterías son testimoniales frente a la red de gasolineras existente.
Para sostener el plan, Tokio ha abierto el grifo del dinero público. En 2026 destinará más de 18.000 millones de yenes a promover los vehículos de cero emisiones, con ayudas de hasta 480.000 yenes por moto eléctrica. El objetivo es claro: forzar el mercado a base de subvención.
El problema es que las cifras no cuadran. Hoy solo el 12% de las motos nuevas vendidas en Tokio son eléctricas. El objetivo oficial es llegar al 35% en 2030 y al 100% en 2035. Con la gama actual disponible, incluso triplicar la cuota ya parece complicado. Llegar al 100% roza lo irreal. ¿Cómo lo harán? Prohibiendo vender las de gasolina.
Y hay otro detalle importante: no existen aún sanciones definidas. No se ha explicado qué ocurrirá con los concesionarios, cómo se impedirá la venta ni qué pasará si el mercado no responde. La propia administración admite que esas medidas “se decidirán más adelante”, lo que deja abierta la puerta a una rectificación futura.
Por ahora, la foto es esta: Tokio empuja una prohibición más dura que la europea, incluye a las motos cuando nadie más lo hace y lo hace sin datos claros sobre su impacto real. Una decisión política firme, pero apoyada en un terreno técnico y comercial que, a día de hoy, sigue siendo muy endeble.
Imágenes | Captura, Yamaha
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